El 21 de febrero de 2012 tres mujeres pertenecientes al colectivo punk Pussy Riot realizaron un concierto improvisado en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Fueron detenidas, vejadas, y condenadas a dos años de cárcel acusadas de vandalismo en un juicio que fue descrito como un lamentable espectáculo. El caso de estas tres activistas tuvo una repercusión global, y aquí en España los medios de comunicación lo usaron como ejemplo para denunciar, no sin razón, la democracia de baja intensidad y el autoritarismo patriarcal del gobierno ruso.

Sólo seis años después vivimos otro febrero negro para la libertad de expresión, pero esta vez no es en el cortijo de Putin, el gran enemigo de occidente, ni en la recurrente Venezuela de Maduro, no. Es la España constitucional la que se apunta el tanto con una condena de tres años de cárcel al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El músico mallorquín es la penúltima víctima de un estado de derecho que poco a poco se ha ido bunquerizando ante las protestas y disidencias de una parte de la ciudadanía.

Casos como los de La insurgencia, Valtonyc o Pablo Hasel tienen varios puntos en común; son jóvenes, raperos y de izquierdas, y no es casualidad. El hip hop, el trap, y en general la música urbana juega al límite en cuanto a letras se refiere, es una de las características principales y uno de sus leimotiv. Tratan de drogas, sexo, violencia, y temas políticos sin ambigüedades, con crudeza, y muchas veces con un sentido crítico que puede incomodar. Son en definitiva el reflejo de una parte de la sociedad compuesta mayoritariamente por gente joven, que se siente desheredada y traicionada por un mundo global que los ha dejado de lado. Ante esto el poder judicial ha decidido contraatacar con dureza, usando de la manera más mezquina posible todas las herramientas que los legisladores han puesto en sus manos para castigar, no un hecho delictivo, si no la ideología de unos artistas que ven destruida su libertad.

Revistas y libros secuestrados, obras de arte censuradas, músicos y titiriteros encarcelados, son el claro síntoma de un retroceso en nuestras libertades. Un intento de los poderosos por amedrentar a todos aquellos que usan su talento para denunciar un sistema al que cada vez se le ven más las costuras. Una censura que creímos ya olvidada en los 80 y los 90, que ahora vuelve con fuerza para recordarnos quien está abajo y quien sigue arriba. En nuestra mano está evitar que casos como estos vuelvan a repetirse, que nuestra pasividad no sea complice de esta injusticia, repetid conmigo, rapear no es, ni puede ser jamás un delito.

Related Posts